Nov 19, 2018
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Antofagasta de la Sierra: piden a la Corte que revise fallo por cesanteados

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La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso extraordinario que presentó la Municipalidad, y ordenó revisar actuaciones.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la derecha a la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, y ordenó a la Corte catamarqueña que revise y vuelva a emitir un fallo respecto de la situación de los 42 empleados que fueron cesanteados en 2015 y finalmente reincorporados casi dos años después. Además, le criticó algunos fundamentos de los que se esgrimieron para ordenar la reincorporación de una parte de los agentes, por considerar que no se respetaron las garantías de la parte demandada.

Los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda votaron a favor del recurso extraordinario presentado por el municipio que conduce Julio Taritolay (FCS-Cambiemos), y que fue patrocinado por el abogado Mario Escribano. Así, la sentencia de la causa “Quipildor, Cirilo Justo y otros c/ Municipalidad de Antofagasta de la Sierra s/ acción de amparo- recurso extraordinario” vuelve a la Corte de Justicia de Catamarca para ser revisada y corregida.

El máximo tribunal tomó nota de los planteos del municipio, que argumentó que la sentencia era “arbitraria”, entre otras cosas por omitir valorar pruebas. La Municipalidad cuestionó que era insuficiente la sola copia simple del decreto de designación de los trabajadores para tenerlo por existente, y que los recibos de sueldo que luego se adjuntaron a la causa “no son oficiales, no cuentan con la intervención de la autoridad municipal y no indican la cuenta bancaria en la que se depositó”.

En ese sentido, los jueces consideraron que la Corte de Catamarca tuvo un “tratamiento inadecuado” de la causa, al omitir pronunciarse respecto a esas cuestiones que la Municipalidad había puesto en conocimiento. “Se tuvieron por probadas circunstancias alegadas por los actores que no surgen de la prueba rendida en la causa. Solamente se adjuntó una copia simple del aludido decreto (el de las designaciones) y no pudo hallarse documentación oficial alguna que respaldara la existencia de ese acto administrativo o la prestación de servicios por parte de los demandantes”, expresaron los jueces en su voto, con la única disidencia de Horacio Rosatti.

“Es exigencia arraigada en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que los fallos deben contar con fundamentos consistentes y racionalmente sostenibles”, le recordó la Corte Suprema a la Justicia local.

Viejo conflicto
En diciembre de 2015 asumió en Antofagasta el intendente Taritolay en reemplazo del justicialista Carlos Fabián. Antes de terminar su mandato, precisamente el 9 de abril de ese año, Fabián había otorgado planta permanente a 42 empleados municipales, que fueron cesanteados con la llegada de Taritolay a ese municipio. Según denunciaron entonces, algunos prestaban servicios en el municipio por lo menos hacía ocho años en distintas delegaciones.

El caso llegó a la Corte mediante un amparo, que tuvo resolución en septiembre de 2016. Allí se dictó la reincorporación de los 42 empleados, se ordenó el pago de haberes en retroactivo hasta diciembre de 2015 y se dictó la nulidad del decreto de cesantías.

La Municipalidad anunció que apelaría y no respetó el fallo de la Corte. Con intervención del Juzgado de Paz, en diciembre de 2016 sólo 15 empleados fueron reincorporados, mientras que los que todavía quedaban afuera pidieron la intervención del Gobierno y la Secretaría de Asuntos Municipales.

Entre diciembre de 2016 y junio de 2017 hubo varios reclamos por el pago de los sueldos en retroactivo y también por la reincorporación de los otros 27 que estaban pendientes, con una denuncia contra Taritolay inclusive. Recién en junio de 2017 la Municipalidad y el abogado que representó al grupo de los 27 llegaron a un acuerdo para la reincorporación de todos los trabajadores: finalmente volvieron a ingresar 26, porque uno falleció. Sin embargo, en ese pacto, el municipio dejó asentado que no renunciaba a su reclamo judicial para dictar la nulidad del decreto de pases a planta permanente. Aunque habían acordado que los 42 trabajadores y el municipio gestionarían en conjunto para cubrir el retroactivo del sueldo, finalmente el intendente gestionó respaldo de la Provincia.

Espera mortal

Juan Eladio Liquín fue uno de los 42 trabajadores cesanteados. Mientras peleaba por su reincorporación, falleció el 1º de junio de 2017 por un paro cardiorrespiratorio, en un cuadro de neumonía y desnutrición. Liquín formaba parte de los 27 que no habían logrado volver a trabajar, y en enero de ese año habían denunciado a Taritolay por desoír el fallo de la Corte. Por este caso, la familia de Liquín denunció en junio de este año al fiscal de Tercera Circunscripción de Belén, Jorge Alberto Flores, por presunta comisión de delito como funcionario público por la denegación de justicia.

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Economía · Política

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