Nov 2, 2019
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Bajo el papelón

Aparte de un atropello, el incidente de Antofagasta de la Sierra es un papelón que expone los precarios criterios judiciales y políticos que cunden en una provincia que se jacta de tener a la minería como “política de Estado”. 
Por orden de la fiscal de la Circunscripción Nº 3 con sede en Belén, Verónica Saldaño, fue agredida una familia de apellido Morales que había admitido el paso de un camino minero por las tierras que habitan desde hace añares a cambio de que les hicieran cercos para que sus animales no escaparan. 
La comprensible exigencia no se cumplió, pero la policía, con la colaboración de Vialidad, pretendió derribar los alambrados de la propiedad familiar para abrir el tránsito a los camiones de la empresa Livent, que extrae litio del Salar del Hombre Muerto. La familia reaccionó y cuatro de sus integrantes terminaron presos por haberse resistido a la disposición judicial.

Episodio absurdo. Los detenidos no se oponían al camino mientras les garantizaran la integridad de su humilde patrimonio agropecuario. En lugar de asegurarles aspiración tan modesta, los prepotearon.
El escándalo trascendió los límites provinciales. Se pronunció a favor de los antofagasteños vulnerados hasta el Servicio Paz y Justicia, organismo de derechos humanos que preside el ex premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel.
El abuso de autoridad se perpetra mientras pobladores de Antofagasta están en alerta por el impacto ambiental que podría tener el acueducto en el río Los Patos, planificado para llevar agua al yacimiento de Livent. Su construcción está paralizada a raíz de la resistencia popular.

La frutilla del postre es un inquietante argumento esgrimido por el senador del departamento, Mario Carrizo, que forma con el Gobierno: las tierras que habita y de las que vive la familia Morales son fiscales.
Fiscal es prácticamente todo el departamento Antofagasta de la Sierra. “Se produce una situación particular, ya que dicho territorio hasta la década del 70 perteneció al Estado Nacional y posteriormente fue anexado a la Provincia de Catamarca. Por lo tanto no hay pobladores indígenas, como no indígenas que posean título de propiedad», consignó el Servicio de Paz y Justicia.
El precedente sentado por la fiscal Saldaño y las manifestaciones del senador Carrizo inducen a pensar que cualquier habitante de Antofagasta, afincado en tierras sin títulos, está sujeto a arbitrariedades como la que sufrió la familia Morales.
Un aporte judicial y político difícil de empardar al esmerilamiento de la ya muy deteriorada licencia social para la minería.
Bajo tamaño papelón se advierte, además, las diferentes varas que aplican autoridades y funcionarios judiciales para accionar.
A los Morales de Antofagasta los metieron presos por pretender que sus animales no se escapen y resistirse a que les volteen los alambrados. Los que especulan con los pedimentos mineros, mientras tanto, gozan de una tranquilidad envidiable, sin que ningún funcionario, fiscal, juez o policía los incordie.

Como se señaló en este mismo espacio en más de una oportunidad, personajes bien identicados en el ambiente minero hacen los trámites para apoderarse de los derechos de exploración de posibles yacimientos o áreas y luego no solo no invierten, sino que ni siquiera abonan cánones y otras gabelas a la espera de que aparezcan interesados en posesión tan fácilmente obtenida para recién allí ponerse al día. Hay deudas con el fisco millonarias.
Nadie hasta el momento se ha mostrado tan expeditivo en sanear al sistema de estos logreros como en la sanción a la familia Morales de Antofagasta.

Seccion:
Política
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