Nov 2, 2019
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El Procurador de la Corte enviará fiscal para colaborar con Saldaño

EMirandaSRL

En el marco del conflicto tomaron intervención la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia, a cargo de Hernán Velardez, y la abogada Andrea Morales Leanza, miembro de la agrupación Abogados Populares de Catamarca y representante legal de las comunidades diaguitas de Catamarca, quien se reunió con el procurador de la Corte de Justicia, Enrique Lilljedahl, para plantear su disconformidad con la actuación de la Fiscalía de Belén.

Morales Leanza cuestionó el procedimiento que ordenó la fiscal Verónica Saldaño. También criticó al secretario de Seguridad, Marcos Denett, por la violencia del operativo y porque supuestamente habría dado alguna orden para reprimir manifestantes. «La fiscal violó todos los derechos humanos de esa gente, ordenó medidas sin tener autoridad competente porque firmar medidas, tal como un allanamiento, le corresponde a un juez. Además actuó en connivencia con el intendente Julio Taritolay y con el secretario de Seguridad Marcos Denett», expresó.
Según comentó, Lilljedahl se comprometió a enviar a un fiscal para coadyuvar en la tarea de Saldaño. 

Derechos humanos 
Por otra parte el director de Derechos Humanos de la provincia, Hernán Velardez, se reunió con la familia Morales en Belén. 
«La familia Morales nos expresó la necesidad de insistir en el pronto esclarecimiento de lo sucedido y en una urgente solución y reparación a la violación del acuerdo que alegan haber aceptado para permitir el paso del tránsito pesado por tierras en las que ejercen posesión desde hace varias generaciones. El acuerdo -según la familia Morales- se basaba en el compromiso del municipio y/o empresa de cercar el camino en ambos lados para evitar el escape de animales», informó.

Velarde no pudo reunirse con la fiscal Saldaño y por eso comentó que no se pudieron obtener precisiones sobre la investigación y situación procesal de los liberados por no ser parte en el proceso, razón por la cual se analiza la posibilidad de solicitar intervención como «amicus curiae», es decir, como terceros ajenos al conflicto pero que se ofrecen para colaborar en el proceso. Además aclaró que ninguno los hermanos Morales pertenece a comunidad originaria alguna, como tampoco las tierras forman parte de propiedad comunitaria alguna. «La familia Morales alega propiedad privada y no comunitaria de las tierras en cuestión», manifestó.
En el Gobierno hubo silencio con respecto al conflicto ya que la gobernadora, Lucía Corpacci, y el secretario de Minería, Rodolfo Micone, están en Australia en una conferencia de Minería. No obstante, trascendió que existe malestar con el secretario de Seguridad.n

Fuente: elancasti

Seccion:
Política
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