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Fiscalía de Belén: liberaron a las dos mujeres de Antofagasta de la Sierra

La Justicia de Belén decidió dejar en libertad a las dos mujeres que habían sido detenidas el miércoles en Antofagasta de la Sierra, en un polémico operativo llevado a cabo por la policía pero ordenado por la Fiscalía de Belén.

Las dos mujeres, pertenecientes a la familia Morales, serán revisadas por facultativos médicos para determinar si están golpeadas o no, tal la denuncia realizada por parientes.

Otras dos personas de sexo masculino, pertenecientes a la misma familia, permanecen detenidos.

Vecinos, parientes y personas pertenecientes a la agrupación PUCARA (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) se manifestaron frente a la Fiscalía para pedir la libertad de todos los detenidos.

El miércoles a la tarde, la Policía, por orden de la fiscal de la Circunscripción Judicial Nº 3, Verónica Saldaño, ordenó la detención de los hermanos Hortencia, Evelia y Santiago Morales, quienes se opusieron a que les derribaran un alambrado de su propiedad para permitir el paso de camiones de tránsito pesado que se dirigen hacia el proyecto Fénix, que desarrolla la empresa Livent. Ayer a la tarde, la Fiscalía dispuso la detención de otro de los hermanos Morales, cuando habría concurrido a visitar a los tres detenidos.

Pronunciamiento de la Asociación Pensamiento Penal

La Asociación Pensamiento Penal, a través de su área de Pueblos Originarios, manifiestó su  «profunda preocupación por la persecución penal a la que han sido expuestos Hortensia Morales, Leonor Morales y Santiago Morales, miembros de la comunidad originaria  La Rinconada de la localidad de Antofagasta de la Sierra,  provincia de Catamarca, acusados de usurpar un territorio que les pertenece y del cual ejercen posesión tradicional desde hace 200 años».

El escrito agrega que «el rol del Poder Judicial es primordial, como garante de derechos, su intervención en este tipo de conflictos debe tener como premisa resguardar los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional en materia de territorialidad de las Comunidades Originarias. Las consecuencias de tomar medidas contrarias, ubica al Estado en un incumplimiento notorio de la normativa constitucional  e internacional de la materia frente a la que se ha obligado. El Poder Judicial de la provincia, debería abstenerse de intervenir penalmente y utilizar a las fuerzas policiales en forma represiva y violenta, en contra de los habitantes originarios. Los conflictos que surgen a partir de las diferentes concepciones sobre la territorialidadentre pobladores originarios y personas o empresas particulares deberán encontrar solución por vías no punitivas, no represivas ni privativas de libertad»

El comunicado, firmado por Indiana Guereño, presidenta de la Asociación, pide que se deje en libertad a todos los detenidos, «se reconozca el interés público y general de este caso  y en función de ello se ponga en conocimiento de lo aquí manifestado a las autoridades provinciales y judiciales intervinientes; y la aplicación de mecanismos no lesivos para la resolución del conflicto y la regularización de la situación territorial de la familia Morales ajustada a los criterios que fijan los estándares internacionales».


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