Nov 2, 2019
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Rechazaron la casación que interpuso Enrique Aybar

El jefe comunal está imputado por el delito de “abuso sexual simple agravado por la guarda en calidad de autor”. En septiembre pidió la probation sin éxito.

El intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, sufrió un revés judicial. Recientemente la Corte de Justicia de Catamarca no hizo lugar al recurso de casación que oportunamente había presentado, luego de que la Cámara Penal de Tercera Nominación rechazara el pedido de suspensión de juicio a prueba –más conocida como probation-. 

Aybar se encuentra imputado por el delito de “abuso sexual simple agravado por la guarda en calidad de autor”. La causa que lleva a Aybar al banquillo se registró el 26 de abril de 2013. En aquella oportunidad, el jefe comunal había ingresado a un motel alojamiento de la Capital en compañía de una adolescente de 15 años -oriunda de Puerta de Corral Quemado-, a quien le había prometido que realizaría gestiones para otorgarle una beca estudiantil.

El intendente habría aprovechado el momento para intentar violar a la chica, a la que habría realizado manoseos y besado al tiempo que la amenazaba de muerte y le advertía que no debía comentar lo que estaba sucediendo. La denuncia penal fue radicada en la ciudad de Belén por la madre de la adolescente pero como los hechos denunciados tuvieron lugar en el Valle Central, se dio intervención al entonces fiscal Roberto Mazzucco.
La causa pasó por varias instancias y en septiembre de 2017 fue elevada a juicio. En octubre del año pasado estaba previsto que se realice la audiencia en la Cámara Penal de Tercera Nominación. Sin embargo, no se concretó porque el acusado no pudo ser debidamente notificado.

Casi un año después, en septiembre último, estaba todo previsto para el debate. No obstante, Aybar, asesorado por el abogado del foro local Daniel Ortega, solicitó la probation; a fin de obtener este beneficio, el acusado había ofrecido $300.000 y se había comprometido a realizar tarea comunitaria. 

El juez Jorge Palacios no hizo lugar a lo solicitado. Ante esta situación, el acusado decidió casar el fallo ante el máximo tribunal de Justicia en Catamarca. Fuentes consultadas por El Ancasti informaron que la Corte de Justicia no hizo lugar al planteo de casación. Con este fallo, la Cámara Penal de Tercera Nominación próximamente podría fijar una nueva fecha de debate, a fin de que Aybar ocupe el banquillo de los acusados.

La suspensión del juicio a prueba es un derecho que la ley acuerda a determinados acusados formalmente, siempre y cuando haya posibilidad de una pena condicional. La idea es que se suspenda el trámite del proceso para que el sospechado cumpla con ciertas pautas de conducta y, una vez cumplidas y transcurrido el plazo de suspensión, se resuelva su desvinculación definitiva. Es decir, queda absuelto. Vale aclarar que el acusado no confiesa, por lo que no se lo declara culpable ni tampoco inocente. La suspensión del juicio a prueba no se puede conceder para todos los delitos ni tampoco a todas las personas sospechadas de cometerlos. Los casos de violencia contra la mujer no contemplan la posibilidad de la probation. En todos los casos se debe realizar el debate oral.

Precedentes
Tanto en las cámaras penales como en la Corte de Justicia se sentaron importantes precedentes en relación con la violencia contra la mujer. Tal violencia no precisamente debe ser física; en ocasiones puede ser psicológica, económica o verbal. La violencia sexual es una de las formas extremas de violencia contra la mujer. En mayo del año pasado, esta Corte hizo lugar a la querella para revocar una probation y fijar nueva fecha de debate. Los ministros fundamentaron que así “lo exige el artículo 7 de la Convención de Belem Do Pará”. La Convención data de 1994 y en Argentina tiene rango constitucional desde 1996. Esta Convención define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. “Dicha Convención protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, remarcaron.

El largo camino hacia el debate

El 26 de abril de 2013 Aybar fue imputado, por el entonces fiscal Roberto Mazzucco, por el delito de «abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda».

En noviembre de 2015 se envió la causa a juicio. Sin embargo, los abogados de la querella pidieron una ampliación de declaración de la víctima, quien aseguraba haber sido accedida carnalmente. Los informes médicos señalaron que no había signos de defloración.

La fiscalía avaló que la defensa de Aybar pidiera el sobreseimiento en junio de 2016. El juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña no hizo lugar al pedido de sobreseimiento y dispuso que un nuevo fiscal emitiera un dictamen.

En septiembre de 2017, el nuevo fiscal del caso, Víctor Figueroa, mantuvo la acusación y elevó la causa a juicio.

En octubre de 2018 estaba previsto que se realice el debate en la Cámara Penal de Tercera Nominación. No se concretó porque Aybar no fue debidamente notificado.

El septiembre, en una nueva fecha de audiencia, Aybar solicitó la probation. Ofreció $300.000 y se comprometió a realizar tarea comunitaria. Ante la negativa, casó el fallo.

La Corte de Justicia no hizo lugar a la casación.

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