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Taritolay denunciado por varias irregularidades en su gestión

Marta Lucrecia Reales,  una vecina de Antofagasta de la Sierra y exempleada de la comuna, presentó una denuncia en contra del intendente Julio Taritolay por el incumplimiento de una sentencia de la Corte que ordenó la reincorporación de agentes que habían sido designados en la gestión del exintendente Carlos Fabián. 

La presentación se realizó a fines de octubre en esta Capital. La mujer relata que apenas asumió Taritolay, en diciembre de 2015, tomó la decisión de expulsar a 42 agentes municipales de planta permanente del municipio, prohibiéndoles el ingreso. 

Reales  denunció que fueron exonerados sin la emisión de ningún instrumento legal. Por otra parte, manifiesta que ordenó el bloqueo de los haberes y el ocultamiento de los recibos que se habían emitido de manera oficial. «Se adueñaron de los sueldos de 42 empleados  municipales durante varios meses de manera ilegal, usando la misma modalidad que con los despidos ilegales, es decir, sin emitir  ningún tipo de instrumento legal». 

Por otra parte advierte que existe incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia judicial por no acatar el fallo de la Corte de Justicia que en una sentencia definitiva le ordenó reincorporar a los 42 agentes y que se pague los haberes adeudados. 

Según menciona en la presentación, Taritolay realizó acuerdos extrajudiciales con algunos agentes municipales, pero quedaron ocho a los que nunca convocó. Reales afirma que «por la terquedad» del jefe comunal la deuda del municipio asciende a $ 3.500.000 y por esta situación ya se trabó embargo judicial. 

Más adelante señala que «está prácticamente demostrado que Taritolay y funcionarios responsables de su equipo económico cobraron ilegalmente los sueldos de 42 agentes municipales desde noviembre de 2015 y hasta febrero de 2016 y en algunos casos continuaron siendo liquidados hasta  casi completar el año». 

Reales pide a la Justicia que se investigue los hechos de asociación ilícita, daños y perjuicios a la administración  pública. Además, amplió la denuncia por usurpación al señalar que el municipio derribó un alambrado perimetral, usurpando la propiedad para destinarla a un corralón  municipal.


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