Acuerdo salarial en Pozo de Piedra: municipales percibirán un aumento de $120.000 fijos en tres cuotas

El intendente José Santiago Yapura y los representantes del gremio ATE sellaron la paritaria que alcanza a la planta permanente y a los contratados. Un empleado de Categoría 10 alcanzará un sueldo bruto de $917.000.

POZO DE PIEDRA — En una reunión de trabajo paritario, el intendente de la Municipalidad de Pozo de Piedra, José Santiago Yapura, y la comisión directiva del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formalizaron un nuevo acuerdo de recomposición económica. La medida salarial está destinada a sostener el poder adquisitivo de la administración pública local, alcanzando de manera conjunta tanto al personal de la planta permanente como a los empleados contratados del municipio norteño.

El incremento salarial acordado por las partes se fijó en una suma total de $120.000, la cual se liquidará y acreditará de forma escalonada en tres cuotas consecutivas. Desde el sindicato explicaron que las delegaciones de ATE recorren y gestionan mesas de diálogo en cada comuna planteando porcentajes considerables, quedando bajo la responsabilidad de cada jefe comunal determinar los montos finales valiéndose de su realidad presupuestaria interna, su recaudación y sus índices específicos de coparticipación provincial.

Proyección de los nuevos sueldos brutos

A partir de la aplicación efectiva de este nuevo esquema de aumentos fijos, las planillas del personal municipal de Pozo de Piedra registrarán las siguientes modificaciones en sus básicos:

• Categoría 10: Los agentes de este escalafón inicial e intermedio alcanzarán un sueldo bruto total de $917.000.

• Categoría 24: Los empleados que revistan en la jerarquía máxima de la planta municipal percibirán un sueldo bruto de $1.043.000.

Las autoridades gubernamentales y los delegados de la Seccional de ATE destacaron que la ingeniería financiera requirió un minucioso análisis administrativo debido a que cada municipalidad del departamento Belén maneja estructuras de personal y recursos de coparticipación completamente diferentes, priorizando en esta oportunidad la previsibilidad fiscal y el sostenimiento del bienestar de las familias rurales del sector.