| Info General | 26/02/2026 |

Qué establece la Ley de Glaciares y qué cambios propone la reforma que se debate hoy

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La Ley de Glaciares (26.639) protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y prohíbe actividades que puedan dañarlos, como la minería o la explotación hidrocarburífera. Un proyecto de reforma comienza a debatirse hoy en el Senado, impulsado por el Gobierno nacional propone modificar ese esquema, otorgando mayor poder a las provincias para decidir sobre el uso de estos territorios y redefinir los alcances de la protección ambiental.

La norma vigente, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos de protección para los glaciares, considerados bienes públicos y reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas. También protege el ambiente periglacial, es decir, las zonas de suelos congelados que influyen en la regulación hídrica.

 

La ley creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que debe identificar y registrar estos cuerpos de hielo y actualizar los datos periódicamente. Actualmente se contabilizan 16.968 glaciares en 12 provincias, con una superficie total estimada de 8.484 kilómetros cuadrados.

 

La legislación vigente prohíbe la liberación de contaminantes, la construcción de obras ajenas a la investigación científica, la actividad minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias en zonas glaciares y periglaciares. También exige evaluaciones de impacto ambiental y mecanismos de participación ciudadana para cualquier proyecto que pueda afectar estos ambientes. Las infracciones pueden derivar en multas, suspensión de actividades y sanciones a empresas y directivos.

 

El proyecto de reforma propone modificar ese esquema con el argumento de corregir problemas de interpretación que, según el Gobierno, generaron inseguridad jurídica y frenaron inversiones productivas, especialmente mineras. La iniciativa busca reforzar el denominado federalismo ambiental, dando mayor protagonismo a las provincias en la gestión de los recursos ubicados en sus territorios.

 

 

 

Según especialistas y organizaciones ambientalistas, el cambio principal radica en que las provincias podrían tener mayor intervención en la definición de qué áreas deben considerarse glaciares o ambientes periglaciares, un criterio que actualmente depende principalmente de estudios científicos. En su visión, esto podría habilitar interpretaciones más flexibles sobre qué zonas quedan protegidas.

 

El debate también está vinculado a la expansión de proyectos mineros en provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, donde se concentran iniciativas vinculadas al litio y otros minerales.

 

En Argentina, los glaciares alimentan 39 cuencas hidrográficas y resultan clave para el abastecimiento de agua. Más de un tercio del territorio continental está ubicado en cuencas que dependen del deshielo glaciar.

 

Estudios científicos señalan que estos cuerpos de hielo están en retroceso debido al cambio climático. Investigaciones recientes indican que el glaciar Perito Moreno perdió unos 800 metros de frente entre 2020 y 2024, en un contexto de aumento de temperaturas y disminución de precipitaciones.

 

Mientras avanza el debate legislativo, la discusión gira en torno a cuánto deben protegerse los glaciares como reservas de agua y qué nivel de actividad económica podría permitirse en las zonas cercanas.

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