ANSES notificó a Cristina para que devuelva más de mil millones de pesos por su jubilación y pensión
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), notificó formalmente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que devuelva los fondos que cobró en concepto de jubilación y pensión vitalicia por viudez, beneficios que fueron dados de baja luego de su condena en la causa Vialidad.
De acuerdo con la información difundida este jueves por la cartera que encabeza Sandra Pettovello, el monto a reintegrar rondaría los 1.000 millones de pesos, incluyendo los intereses acumulados. La medida se concretó por vía administrativa, sin intervención judicial directa, y marca un nuevo capítulo en el proceso iniciado tras la confirmación de la sentencia contra la ex mandataria por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
«Se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias (jubilación y pensión) oportunamente otorgadas, con sus respectivos intereses», señala el comunicado oficial difundido por el Ministerio de Capital Humano.
Fuentes de la cartera confirmaron que «la decisión de la ANSES fue no avanzar por la vía judicial sino por la administrativa, y en ese marco se notificó a la ex presidenta que, por su situación judicial, debe devolver esos ingresos».
Según precisaron las mismas fuentes, la notificación fue enviada a la residencia de la ex jefa de Estado, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en su vivienda del barrio porteño de Constitución. En caso de no poder presentarse personalmente, deberá enviar a su apoderado o representante legal para regularizar la situación.
Desde el entorno oficial, sin embargo, dan por hecho que Cristina Kirchner judicializará la medida, con la presentación de un amparo o una nueva cautelar en los tribunales federales, con el objetivo de frenar el procedimiento de restitución.
El trasfondo judicial y político
La decisión del Gobierno se conoció luego de que, el miércoles pasado, la Justicia rechazara una medida cautelar presentada por la ex mandataria para restablecer el cobro de su pensión vitalicia como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, la cual se encontraba suspendida desde fines de 2024.
Con esa resolución, la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la validez de las decisiones administrativas que habían dispuesto la baja de ambas asignaciones: la correspondiente a su mandato presidencial y la pensión por viudez, percibidas de manera simultánea hasta el fallo definitivo en la causa Vialidad.
La pérdida de ambos beneficios se produjo en noviembre de 2024, cuando la Cámara de Casación Penal dejó firme la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta del Estado, al ratificar que durante su gestión se direccionaron fondos públicos hacia obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez.
Desde entonces, la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) presentó diversas apelaciones y recursos judiciales para recuperar los haberes, alegando que las resoluciones del Ejecutivo afectaban derechos adquiridos y garantías constitucionales. No obstante, la Justicia hasta el momento no dio lugar a sus planteos.
Qué implica el procedimiento
El mecanismo iniciado por ANSES busca recuperar los fondos percibidos indebidamente, conforme a la legislación vigente sobre asignaciones vitalicias a ex presidentes y vicepresidentes. Si bien se trata de un proceso administrativo, su resultado podría derivar en reclamos judiciales o medidas cautelares, como anticipan fuentes cercanas al expediente.
La notificación enviada por ANSES constituye el primer paso formal del procedimiento de recupero, que se realizará mediante un expediente interno y bajo supervisión del Ministerio de Capital Humano.
Mientras tanto, en el oficialismo aseguran que el objetivo es «cumplir con la ley y hacer valer el principio de incompatibilidad entre las condenas por delitos contra la administración pública y el cobro de asignaciones vitalicias financiadas por el Estado».
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