| Minería | 05/01/2026 |

Nación se retira de YMAD y Catamarca asume el control mayoritario del ente minero

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El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes el retiro definitivo del Estado nacional de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2026 en el Boletín Oficial.

La medida aprueba un acuerdo clave que modifica el histórico Acta del Farallón Negro y reforma la Ley 14.771, que regula el funcionamiento del organismo minero.

 

De acuerdo al texto oficial, el decreto convalida el “Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro”, firmado el 15 de diciembre de 2025 entre el Estado nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Mediante este entendimiento, se dispuso el cese de la participación del Estado nacional en la gestión y funcionamiento de YMAD, así como el deslinde de toda responsabilidad futura que pudiera comprometer recursos del Tesoro Nacional.

 

Con la reforma introducida, la composición accionaria de YMAD quedará integrada en un 60% por la Provincia de Catamarca y en un 40% por la Universidad Nacional de Tucumán, sin intervención del Estado nacional. El decreto prevé, además, que ambas partes puedan acordar en el futuro su eventual retiro del ente o la incorporación de nuevos integrantes, mediante la transferencia total o parcial de sus participaciones.

 

Otro de los puntos centrales de la normativa es la reconfiguración del directorio. A partir de ahora, el presidente y dos vocales serán designados por la Provincia de Catamarca, mientras que los dos vocales restantes estarán a cargo de la Universidad Nacional de Tucumán. De esta manera, se elimina la facultad que hasta el momento tenía el Poder Ejecutivo Nacional de designar al titular del organismo.

 

El decreto también redefine el marco jurídico de YMAD, estableciendo que en sus relaciones con terceros el ente se regirá por el derecho privado, y actualiza los mecanismos de compras y contrataciones, que deberán ajustarse a criterios de publicidad, transparencia y competencia de precios.

 

En los considerandos, el Gobierno nacional fundamentó la decisión en la necesidad de reducir el déficit fiscal, evitar potenciales compromisos financieros para el Tesoro Nacional y avanzar en un proceso de racionalización del Estado, al considerar que “han dejado de existir” las razones que justificaban la participación nacional en la empresa minera.

 

La norma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre la validez del DNU conforme a lo establecido por la Ley 26.122.

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