Procesan a Livent por contrabando de exportación del litio catamarqueño
El escándalo por la subfacturación en el precio del litio catamarqueño por parte de Livent, vuelve a tomar relevancia. Es que, el Juzgado Federal en lo Penal Económico N° 4 dictó el procesamiento de la empresa hoy bajo control del grupo internacional Rio Tinto. La Justicia también procesó a su expresidente Luciano Antonio Mancuso.
En el fallo, se los acusa de coautores del presunto delito de contrabando de exportación en concurso con la utilización de documentación ideológicamente falsa, en el marco de la causa “Sales de Jujuy S.A. y otros s/ Infracción a la Ley 22.415”. Rio Tinto, la empresa que absorbió a Livent y está a cargo del proyecto Fénix de donde se extrae el litio en Antofagasta de la Sierra, dijo que apelará la medida.
En la resolución, se ordenó un embargo preventivo de cien mil millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados. La medida alcanza tanto a la compañía como a Mancuso en forma solidaria y se fundamenta en la magnitud de las operaciones cuestionadas y en la necesidad de asegurar la eventual percepción de multas y costas.
La imputación se sustenta en que, entre junio de 2022 y octubre de 2023, la minera habría efectuado 146 exportaciones de carbonato de litio a precios “significativamente inferiores” a los valores internacionales de mercado. Según el expediente, estas operaciones se documentaron con facturas consideradas “ideológicamente falsas”, lo que habría permitido declarar un valor de venta menor y, en consecuencia, pagar menos tributos al fisco.
El fallo señala que las diferencias entre los valores declarados y los precios internacionales quedaron en evidencia al confrontar la documentación presentada ante la Dirección General de Aduanas. En este marco, en algunos casos, las operaciones habrían sido registradas con montos entre un 30% y un 45% por debajo del valor de mercado. Esa brecha, de acuerdo con los cálculos de la pericia, representó un perjuicio fiscal estimado en más de 200 millones de dólares.
La defensa de la empresa dijo que las operaciones fueron debidamente controladas por la Aduana sin objeciones en el momento de realizarse. Además, indicó que los precios correspondían a contratos de largo plazo celebrados con clientes vinculados y no vinculados, en línea con la estrategia global de Livent.
El tribunal descartó estos planteos al señalar que la validación administrativa no descarta la comisión posterior de un delito aduanero y que la fijación de precios corporativos no justifica la elusión de impuestos nacionales. El fallo recuerda que, aunque la empresa ya había abonado más de $5.300 millones en multas ante la AFIP por subfacturación, esa sanción administrativa no extingue la acción penal ya que tiene un cauce independiente y apunta a determinar responsabilidades por el presunto delito de contrabando de exportación.
Por otra parte, se ordena la prohibición de salida del país para los imputados, comunicando la medida a la Dirección Nacional de Migraciones. En paralelo, se libraron oficios al Banco Central, a la Inspección General de Justicia y a los registros de la propiedad inmueble y automotor para hacer efectiva la inhibición de bienes. El embargo alcanza inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y participaciones societarias. También dispuso mantener las medidas cautelares y establece que la investigación continuará en etapa de instrucción, con posibilidad de ampliación de pruebas, hasta que el caso llegue a juicio oral y público.
Respuesta oficial
En un breve comunicado, Rio Tinto aseguró que “reconoce y respeta la normativa aplicable a este tipo de procesos judiciales en Argentina y tiene el compromiso de cumplir plenamente con ella”. Sin embargo, aseguró que considera que “estos cargos carecen de fundamento”. En ese marco, indicó: “sostenemos firmemente que no se ha cometido ninguna irregularidad. Los cargos se basan en planteos realizados por una persona sin vínculos directos con nuestra compañía, y no por las autoridades aduaneras, fiscales o cualquier otra autoridad”. “Hemos tomado las medidas legales y procesales pertinentes para defender nuestra posición y estamos trabajando para resolver este asunto lo antes posible”, adelantó.
Fuente:elancasti
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