Recomiendan levantar gradualmente la cautelar sobre el Río Los Patos

Así lo mencionó en el dictamen que trascendió ahora pero que se realizó en octubre pasado, y que tuvieron en cuenta los ministros del Máximo Tribunal a la hora de definir sus votos.

Si bien el dictamen no es estrictamente vinculante, según se pudo conocer solamente quedan dos votos para que salga la sentencia y sería en sintonía con el levantamiento de la cautelar.

El 13 de marzo de 2024, la Corte de Justicia hizo lugar parcialmente al amparo que presentó Román Guitián, cacique de la Comunidad Atacameños del Altiplano, que pretendía revocar las resoluciones con las que se aprobaron las Declaraciones de Impacto Ambiental por entonces concedidas a Galaxy y Livent (hoy ambas bajo control de Rio Tinto), al considerar que se estaba afectando la cuenca del Río Los Patos. Inicialmente se presentó un acción en la Justicia Federal, que se declaró incompetente.

La Corte, con votos divididos, ordenó al Gobierno de la Provincia la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral del desarrollo de la actividad minera que debería versar sobre «el impacto ambiental acumulado sobre el río Los Patos, sobre el paisaje, la fauna y flora del lugar, el clima y el ambiente en general, como las condiciones de vida de los habitantes del lugar y de la comunidad indígena afectadas».

También se pidió que dieran libre acceso a la información a la Comunidad Atacameños del Altiplano y vecinos de Antofagasta, y por último ordenó que el Gobierno se abstuviera de otorgar nuevos permisos y/o autorizaciones sobre el Río Los Patos «hasta tanto se cumpla con la realización del estudio».

El Gobierno de la Provincia presentó el estudio acumulativo el 10 de julio del año pasado, tras un año de trabajo realizado por la consultora LIPAT y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. Se trata de un estudio poco común, que comenzó a realizarse entre septiembre y octubre de 2024.

Según se pudo conocer del dictamen del Procurador General de la corte, en este estudio de impacto ambiental acumulativo que presentó el Gobierno, la consultora LIPAT elaboró un «catálogo de recomendaciones» con aspectos técnicos y propuestas de acciones futuras. Entre ellas, se destaca la elaboración de un «Programa Hidrológico».

En este sentido, se advirtió que el Gobierno de la Provincia no hizo ningún tipo de observación, propuesta o explicación final en torno a las sugerencias que hizo la consultora, por lo que no hay «validación técnica» del Estado respecto de la factibilidad de la implementación de las recomendaciones que hizo la consultora y cómo abordarlas. Lo que sugirió el Procurador en su dictamen, que llegó a manos de los ministros de la Corte en octubre, es que se establezca un plazo de tiempo para que la Provincia confeccione el «Programa Hidrológico» y su respectivo «Plan de Cumplimiento» en base a las recomendaciones que hizo la consultora.

Por otra parte, se destacó que en el transcurso del expediente (iniciado originalmente en 2021), muchas organizaciones fueron admitidas bajo la figura de «amigos del Tribunal» (amicus curiae), y se planteó que la participación de estas organizaciones no debería quedar reducida a un plano simbólico, sino que se debería asegurar su participación y promover la «deliberación pública y el acceso a la información en asuntos que comprometen bienes colectivos de incidencia ambiental».

Por eso se propuso que estas organizaciones tuvieran acceso al estudio de impacto ambiental acumulativo para que hicieran aportes técnicos.

Reclamo ambientalista

Entre el fallo de la Corte en marzo de 2024 y la presentación del estudio en julio de 2025, el procedimiento fue discutido por la Comunidad Atacameños del Altiplano en varias oportunidades al señalar que no los estudios y monitoreos realizados en la cuenca del río y al Sistema Acuífero Los Patos (SALP) tenían «fallas metodológicas severas» y que no se respetaba la participación pública.

Cuando el Gobierno presentó finalmente el estudio, la comunidad denunció la difusión de «información falsa y peligrosa, que afecta directamente la vida, el futuro de Antofagasta de la Sierra y el de toda la población catamarqueña».

«La Comunidad Atacameños del Altiplano no ha participado ni legitimado ese informe. Los llamados ‘Talleres Participativos’ han sido manipulados, violentos y antidemocráticos. La comunidad fue expulsada del primer taller y no volvieron: no somos ingenuos, conocemos de años estas prácticas fraudulentas. Charlas técnicas sin respuestas, audiencias simuladas, consultas fuera de normativa y con gendarmería custodiando el ingreso. Nada de esto es libre, ni previo, ni informado», reclamaron en un comunicado.

La lupa de la CIDH

El caso es seguido de cerca por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mayo de 2025, a través de su Relatoría Especial (REDESCA), advirtió que sigue de cerca lo que ocurre en la cuenca del Río Los Patos y recordó «los Estados tienen la obligación de proteger los derechos de las comunidades indígenas y de garantizar el acceso a la información y la participación pública».

En noviembre del año pasado, miembros de la Asamblea PUCARA, que acompañan al cacique Guitián en esta causa, expusieron ante la CIDH sobre el caso de Catamarca.

Qué se sabe del informe

El Gobierno solamente comunicó que el informe señaló que, en general, «los sistemas ambientales, socioculturales y productivos muestran estabilidad». «El resultado del estudio se materializa en un Plan de Gestión de los Impactos Acumulativos, que es una herramienta estratégica que permitirá fortalecer la coordinación interjurisdiccional e interinstitucional y la participación informada de todos los sectores sociales integrando conocimientos científicos y saberes locales para una toma de decisiones que redunde en beneficio de todos. Está estructurado en siete programas clave de monitoreo y control, con un enfoque preventivo, adaptativo y participativo: Meteorológico, Hidrológico, de Biodiversidad, del Patrimonio Cultural, de Aspectos Socioculturales y Socioeconómicos, de Comunicación y Participación Comunitaria, y de Seguimiento», informaron en julio del año pasado.

En cuanto a los resultados de la evaluación de impactos acumulativos expuestos en el informe final de la consultora, el Gobierno destacó que «la evaluación se hizo a partir de información de estudios preexistentes y muestra una estabilidad general de los sistemas ambientales, socioculturales y productivos en un contexto de cambio climático, avance de proyectos de extracción de litio y obras de infraestructura asociadas».

«Los modelos hidrogeológicos validados anticipan que el acuífero conservará su capacidad de recuperación aún bajo escenarios de explotación. Estos resultados refuerzan la importancia de mantener y fortalecer los programas de monitoreo, clave para una gestión hídrica precautoria y adaptativa. En materia de biodiversidad, los registros muestran comunidades estables y dinámicas naturales acordes al entorno alto andino. La Vega Trapiche destaca por su proceso de recuperación ecológica vinculado a acciones de restauración específicas. En lo que respecta al Patrimonio Cultural, se confirma su buen estado general. Se destaca la necesidad de estrategias de manejo integrales que articulen conservación física con participación comunitaria», destacaron.

El amparo

El 13 de marzo de 2024, la Corte hizo lugar al recurso presentado por el cacique Román Guitián y ordenó al Gobierno que se abstuviera de dar nuevos permisos en el Río Los Patos.