| Provinciales | 03/03/2026 |

Una catamarqueña y un riojano fueron denunciados por estafa

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Lo que comenzó como una denuncia de trabajadores en San Juan el martes pasado ha generado réplicas de un caso que involucra a varias provincias de Cuyo y el Noroeste Argentino. La presunta estafa, liderada por figuras que se presentan como ingenieros o gestores de grandes obras, no es un hecho aislado, sino un patrón que se aparentemente se repite con el mismo método en Jujuy, Salta, Mendoza, Catamarca y Tucumán.

En San Juan, cerca de 200 trabajadores denunciaron haber sido engañados con la promesa de empleos en la minera Exar, ubicada en Jujuy. Bajo la excusa de pagar un «plus» por ser trabajadores foráneos y trámites de la UOCRA, se les exigió el pago de 200.000 pesos a cada uno. Las víctimas señalaron como responsables a Carlos Roberto Pérez y Valeria Páez (oriunda de Catamarca), estimándose que el monto total del fraude en esa provincia alcanza los 40 millones de pesos.

Sin embargo, el testimonio de damnificados en Jujuy confirma que este modus operandi no es nuevo. Silvana Guantay, oriunda de San Salvador de Jujuy, relató a 0264noticias que ella junto a su marido fueron víctimas de una maniobra similar el año pasado por parte de la Valeria Páez. En este caso, la denuncia no fue por empleos individuales, sino por una licitación de obra inexistente que involucró cifras millonarias.

Según la denunciante, Páez los contactó para formar una empresa y licitar una obra de 70 cuadras de pavimentación en Catamarca, respaldada por supuestos pliegos con sellos gubernamentales. Bajo esta premisa, la mujer logró que la familia invirtiera 20 millones de pesos en requerimientos técnicos y administrativos que resultaron ser una farsa.

De acuerdo a lo manifestado por Guantay, la mecánica del engaño es idéntica en todas las provincias: se utiliza el nombre de empresas mineras reales o gobiernos provinciales para ganar confianza. Una vez que reciben el dinero, los sospechosos comienzan una cadena de excusas y retrasos, alegando problemas administrativos que impiden el inicio de los trabajos.

En Jujuy y Catamarca, las víctimas ya han recurrido a la justicia. Esteban Fernández, pareja de Gunatay, radicó una denuncia en la localidad catamarqueña de Tinogasta que derivó en un allanamiento donde se secuestraron teléfonos y computadoras a Valeria Páez. A pesar de estas pruebas, la sospechosa continúa en libertad y sigue operando bajo el mismo número telefónico.

Los afectados expresaron su preocupación y aseguran que la mujer cambia constantemente de domicilio y utiliza documentos de identidad falsos para evadir la acción judicial. Incluso, recientemente, tras ser denunciada en San Jua,n se ha detectado su presencia actual en la ciudad de Salta.

«Ella nos pasó un DNI que era trucho, ya que no existía ese domicilio. Después cuando fueron fueron a allanar en Catamarca, Páez estaba en otro domicilio y la gente vecina del pueblo decía que ella toda las semanas se movía de de domicilio», dijo la damnificada jujeña.

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Damnificados salteños que se contactaron con las víctimas de Jujuy confirmaron que Páez no abrió las puertas de su empresa y que de momento se encuentra trabajando en modalidad «home office», algo que resulta llamativo ya que esto se da justo después de que las denuncias de San Juan tomaran estado público.

El alcance de la estafa sería amplio y ha golpeado a sectores vulnerables. Varios de los trabajadores que denuncian haber sido estafados en San Juan renunciaron a sus empleos actuales con la esperanza de un mejor salario en la Puna jujeña, quedando ahora sin ingresos y con deudas contraídas para pagar los supuestos aranceles de ingreso. De hecho, en Salta habría ocurrido lo mismo.

La sospecha de que se trata de una organización mayor cobra fuerza. En Salta se menciona la participación de un ingeniero radicado y su hermano, quienes formarían parte de la estructura liderada por Páez. Según los testimonios, la mujer actuaría de forma agresiva cuando las víctimas comienzan a descubrir las mentiras, lo que ha amedrentado a muchos de denunciar en pueblos pequeños.

Las víctimas de las distintas provincias han comenzado a organizarse para que la Justicia tome cartas en el asunto. Consideran que estos casos regiustrados por todo el Norte y Cuyo; y la magnitud del dinero que habrían recaudado —que según los denunciantes, sospechan es invertido en propiedades a través de testaferros— amerita una intervención judicial de mayor escala.

En San Juan, la unidad fiscal interveniente ha solicitado que cada trabajador realice su denuncia individual en las comisarías. Mientras tanto, en Jujuy, los damnificados instan que no se dejen engañar por promesas de contratación que no sigan los canales oficiales de las empresas mineras.

«Ella no tiene problema en involucrar gente o empresas mientras para sacarle plata a la gente», dijo la damnificada jujeña a 0264 Noticias.

A medida que la noticia se difunde, surgen reportes similares desde Mendoza y Tucumán, lo que sugiere que el número de afectados podría superar los 500 trabajadores en toda la región. La expectatitva por conseguir empleo en el sector minero, uno de los pocos que mantiene actividad en el país, parece ser la coartada perfecta para los denunciados.

La consigna de los trabajadores es clara: buscan que se haga justicia y que la red de «ingenieros» estafadores finalmente rinda cuentas ante la ley. «Queremos que vaya presa», sentenció Guantay.

Fuente: 0264noticias.com.ar

TEMAS: ESTAFA

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